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Guía Judicial - Tribunal de Casación Penal



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26-12-2018 | Tribunal de Casación. Sala II. Medidas de seguridad. Procedencia. Arbitrariedad. Sentencia.

La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº90.197 caratulada "Martínez, Luis Gabriel s/Recurso de Casación", resolvió que la competencia del Tribunal para dictar la medida de seguridad sin que fuera requerida por el fiscal surge de la propia ley, en tanto el artículo 34 inciso 1º CP establece que el dictado de la medida de seguridad es facultad de la jurisdicción determinando, sobre la cuestión, que "En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás". Afirmó que la medida de seguridad es facultad del Juez, sin estar condicionada a la petición fiscal, sin que ello implique que su dictado quede al libre arbitrio judicial, sino que debe cumplirse con todos los requisitos legales como la observancia de las normas relativas al juicio (artículo 1 CPP in fine CPP).
Asimismo advirtió que el Tribunal fundamentó su decisión en elementos de prueba que, sin perjuicio de su validez, resultaban desactualizados e insuficientes para resolver sobre una medida de seguridad, que se presenta ante el juzgador como un juicio de probabilidad que necesariamente debe asentarse en premisas actuales al momento de decidir.
Señaló que en el caso el juicio de probabilidad está ausente y resulta demostrativo de la arbitrariedad del fallo ante el trato insuficiente de la cuestión, máxime cuando el a quo contaba con herramientas con las cuales podía mejor conocer y resolver la cuestión, como la cesura de juicio (art. 372 CPP).
Destacó que la temática debe ser evaluada a la luz de los principios de última ratio e intervención mínima que resultan pautas de interpretación para evaluar la razonabilidad de una medida de seguridad, labor que se verifica ausente en el fallo que no abordó ni descartó la posibilidad de una medida menos lesiva para la libertad.

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02-11-2018 | Tribunal de Casación. Sala I. Juicio por Jurados. Suspensión de audiencia. Suficiencia probatoria. Duda. Exhibición de fotografías. Peligrosidad como agravante.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº88.547 caratulada "Rodriguez Cristian Emanuel s/Recurso de Casación interpuesto por Defensor Particular y Iskov, Daniel Omar Franco y Frias Julio Cesar s/Recurso de Casación interpuesto por Defensor Oficial", entendió que la disposición de un receso hasta el día siguiente del debate, no provoca su nulidad pues solo se basa en la conjetura de que los miembros del jurado violarían el juramento prestado y se comportarían por fuera de la ley. El juramento se centra en la fórmula de juzgar con imparcialidad, lo que implica la obligación de no buscar información por fuera de la prueba producida en el debate, el interesado no acredita que los jurados inobservaron el deber sobre el que fueron instruidos.
La tarea revisora de Casación, ante la denuncia de insuficiencia probatoria, no pasa por la realización de un nuevo juicio sino en una labor en la que se debe estimar "la suficiencia probatoria de signo acusatorio" que, más allá de toda duda razonable, avale la decisión del veredicto de culpabilidad.
No hay razones para validar el cuadro de duda que sostiene la defensa. No deben tratarse de dudas subjetivas, sino aquellas que puedan emerger de la valoración objetiva de la prueba producida y, en este sentido, la propuesta de la defensa se enarbola desde una visión fragmentaria que no se compadece con el caudal de prueba de cargo verificada, lo que permite arribar al veredicto de culpabilidad en torno a los delitos contra la vida y la propiedad por los que fuera acusado Rodríguez, sin menoscabo de la presunción de inocencia.
En la resolución no se decidió si al testigo se le exhibió o no una fotografía antes del inicio de la rueda, en cuyo caso –de haberse constatado dicha situación-, según las circunstancias particulares, el Juez profesional hubiera tenido que determinar si la diligencia igualmente era legítima y válida, quedando su poder de convicción sujeto a valoración, o si ameritaba ser excluida del proceso por resultar un acto inválido o prueba ilícita (conforme arts. 201 C.C. y ss. y 211 del C.P.P.). Tampoco se perciben las razones por las que la introducción en el juicio oral de la cuestión debatida en la audiencia preliminar, hubiera influido y determinado el veredicto del jurado viciando de nulidad el finalmente dictado.
El concepto invocado por el sentenciante de peligrosidad del art. 41 del C.P. es el referido a un hecho cometido y no a una característica de personalidad del imputado, por lo que no se percibe que en el fallo se haya aplicado en perjuicio de los encausados un criterio de peligrosidad en los términos objetados por la recurrente.

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01-11-2018 | Tribunal de Casación. Sala I. Garantías constitucionales. Debido proceso. Defensa en juicio. Congruencia. Circunscripción témporo espacial de los hechos.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº84.622 caratulada "Barrera Mauro Ezequiel, Riegel Marcelo Daniel y Dobarro Maria del Carmen s/Recurso de Casación", entendió que la introducción de modificaciones en el alegato de cierre del debate por parte del órgano acusador, no alcanza para abastecer las garantías del debido proceso y defensa en juicio, puesto que los imputados no tuvieron a lo largo de todo el juicio y hasta el momento de clausura de la etapa de producción probatoria, la oportunidad cierta de contestar la novedosa imputación y producir la prueba que estimaran adecuada a sus intereses. La alteración de los hechos en la sentencia, introduciendo nuevas precisiones temporales y cambiando el número y los momentos en los que habrían intervenido los sujetos activos de esas conductas, revela que la defensa no tuvo oportunidad de conocer, confrontar y producir prueba sobre los aspectos esenciales de la plataforma infraccionaria con anterioridad a que se dictara el veredicto, condición ineludible de un proceso respetuoso de la garantía constitucional de defensa en juicio. El caso se adecúa en el supuesto previsto en el artículo 461 del Código Procesal Penal por tratarse de un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso que torna necesaria la celebración de un nuevo debate.

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08-10-2018 | Tribunal de Casación. Sala I. Garantías constitucionales. Congruencia. Delito de desobediencia. Interpretación.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº87.744 caratulada "Ibarra, Diego Fernando s/Recurso de Casación", resolvió que en el caso surge claramente la inobservancia del principio de correlación entre la acusación y el fallo, el que resulta ser una manifestación de la garantía de defensa en juicio dado que el derecho a ser oído reclama del órgano jurisdiccional un pronunciamiento que debe expedirse sobre el hecho y las circunstancias contenidas o delimitadas en la acusación fijando entonces aquella regla el ámbito máximo de decisión del fallo penal.

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23-08-2018 | Tribunal de Casación. Sala I. Admisibilidad del Recurso de Queja. Cuestión Federal. Arbitrariedad. Garantías Constitucionales. Preclusión Procesal, Imparcialidad.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº88858 caratulada "Bizzozero, Lucas Leonel s/Recurso de Casación", entendió que la cuestión planteada involucra una cuestión federal cuyo planteo es útil para demostrar la infracción alegada, pues queda evidenciado un apartamiento de la solución legal prevista para el caso, lo que constituye una causal definida de arbitrariedad (art. 14 ley 48) e importa, en consecuencia, un vicio de fundamentación que permite suplir la ausencia de definitividad de la resolución impugnada.
Asimismo el temperamento propiciado por la Cámara atenta contra el principio de preclusión procesal y menoscaba la garantía de imparcialidad del juzgador, al no ser posible ni lícito retrogradar la causa a estadios ya superados, supliendo, en consecuencia, los defectos de investigación en que pudo haber incurrido el Ministerio Público Fiscal.
En consecuencia, si la Cámara de Apelación y Garantías reconoció la debilidad probatoria, debió resolver con los elementos aportados, si correspondía la clausura del proceso o en su defecto, la confirmación de la elevación a juicio decidida por el magistrado garante.

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04-01-2018 | Tribunal de Casación Sala I. Razonamiento probatorio. Arbitrariedad. Omisión de considerar la integridad de las aportaciones probatorias. Condiciones de validación del testimonio de la víctima en delitos contra la integridad sexual.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en causa nº 82.118 caratulada "Cufre Pantaleón, Rafael S/ Recurso de Casación", determinó que la cuestión no pasa por afirmar con seguridad, que los hechos sucedieron de la forma en que los presenta la defensa. Se trata en cambio de examinar los argumentos desarrollados por los señores jueces de la instancia para sostener, con el grado de certeza requerido por un veredicto condenatorio, que los hechos ocurrieron de la manera en que los presentó la acusación, con el consecuente descarte de la tesis en contrario presentada por la defensa. El razonamiento jurisdiccional debe guiarse por encontrar una relación de correspondencia entre el resultado que arrojan las pruebas y el acontecimiento que éstas permiten recrear, y en este punto no se encontró un cuadro de suficiencia probatoria que permita arribar a un grado de certeza, con criterios generalmente aceptados por la comunidad científica, respecto de la existencia del hecho.
Para el arribo del veredicto condenatorio es deber jurisdiccional justificar la corroboración de la hipótesis de la acusación, con suficiencia para refutar todas aquellas plausibles de explicar la inocencia del acusado, debiendo atender especialmente la congruencia, suficiencia e integridad del material probatorio en que se sustenta la acusación estatal.

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29-12-2017 | Tribunal de Casación. Sala I. Concepto de tortura. Estándares internacionales en la materia. Revocatoria de absolución en la primera instancia.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº78.681 caratulada "Gómez Ariel Emiliano, Balbuena Pablo Cesar y Suarez Rubén Darío s/Recurso de Casación interpuesto por Agente Fiscal y su acumulada causa Nº78.685, resolvió Hacer lugar a los recursos de casación interpuestos, casar el pronunciamiento absolutorio dictado en fecha 1 de abril de 2016 por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Matanza y, consecuentemente, devolver a la instancia para que –previa integración con jueces hábiles- se efectúen los actos necesarios para la celebración de un nuevo debate; sin costas.

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26-12-2017 | Tribunal de Casación. Sala I. Homicidio calificado por el vínculo y aborto. Aplicación de estándares internacionales en materia de violencia de género.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº84.069 caratulada "Mansilla Marcos Andrés s/Recurso de Casación, en consonancia con los estándares internacionales fijados en la materia, analizó el presente caso en donde el imputado fue condenado por dos delitos contra las personas (mediando violencia), desde una prespectiva de género tal como lo recomiendan los organismos internacionales.

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21-12-2017 | Tribunal de Casación. Sala I. Lesiones graves. Puesta en peligro de la vida del ofendido. Configuración. Riesgo real y objetivo.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº83.049 caratulada "Barbosa Walter Javier s/Recurso de Casación, resolvió que el tipo penal del artículo 90 del Código Penal contempla un peligro concreto (real) para la vida de la víctima, no resultando posible realizar un pronóstico de riesgo calculado ex ante; siendo precisa su verificación ex post y determinable en base a un análisis médico – científico (diagnostico).

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29-11-2017 | Tribunal de Casación Penal. Sala I. Proceso Penal. Plataforma fáctica de imputación. Principios constitucionales. Defensa en juicio y congruencia. Artículo 18 de la Constitución Nacional. Interpretación.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en causa nº 83.892 caratulada "Ortega, Carlos Exequiel s/ Recurso de Casación interpuesto por Fiscal General", destacó que lo relevante para la garantía de defensa, es que el acusado no resulte sorprendido por la imputación de una circunstancia que no haya podido tener en cuenta.
Asimismo la congruencia exigida, en resguardo de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, importa que la base fáctica objeto de reproche penal debe encontrarse, durante todo el proceso contenida en el denominado ‘objeto procesal’, que no es otra cosa que el hecho que, con menor o mayor grado de certeza acerca de su existencia, es imputado a lo largo del trámite de las actuaciones.
Por otra parte señaló que es intangible el derecho que tiene toda persona a defenderse de los cargos que se le imputen en el marco de un proceso penal; bajo esta perspectiva, toda restricción del derecho a la información, esto es, sobre el conocimiento cabal de la imputación que fije de manera clara el hecho por el cual el sujeto va a ser sometido a juicio, indefectiblemente, debe ser sancionada a través de las formas procesales que protegen el sistema de garantías diseñado por la Constitución Nacional.
Por último se hace mención a que el principio de congruencia encuentra amparo en la inviolabilidad de la defensa en juicio (art.18 C.N.) y sólo hay defensa posible frente a un ataque preciso que el acusado conoce y puede controvertir, esto exige una identidad de la plataforma fáctica de imputación y, en igual sentido, también que algunos cambios bruscos de calificación pueden afectar de igual modo la garantía.

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17-11-2017 | Tribunal de Casación Penal. Sala I. Juicio por Jurado. Recurso de la defensa. Objeción de las instrucciones. Análisis. Control de sentencia condenatoria derivada del veredicto de culpabilidad. Art. 448 bis inc. d CPP. Estandar aplicable: constr

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en causa nº 81.523 caratulada "Llanos Mendez, Santos s/ Recurso de Casación", trató entre las cuestiones planteadas el análisis de la objeción de las instrucciones en el juicio por jurados, el control de la sentencia condenatoria derivada del veredicto de culpabilidad (art. 448 bis inc. d C.P.P.), el estándar aplicable de acuerdo a la construcción de la base objetiva, el alcance del control cuando el veredicto supera el test de la duda razonables, sus pormenores y recaudos específicos.

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14-11-2017 | Tribunal de Casación Penal Sala I. Malversación de caudales públicos. Quebrantamiento al deber de fidelidad. Elemento normativo del tipo. Interpretación. Recalificación. Hurto. Extensión del daño. Reglas de conducta.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en causa nº 84.152 caratulada "Rusconi, Pablo Nicolás s/ Recurso de Casación", determino entre otras cuestiones que la figura contemplada en el artículo 261 del Código Penal exige que el sujeto activo tenga, en razón de su cargo, la administración, percepción o custodia de los caudales o bienes, encontrando su razón de ser en que el delito no solamente contempla la afectación al patrimonio de la administración pública, sino también el quebranto al deber de fidelidad del funcionario en el manejo de los caudales que le han sido confiados. De allí que para que exista quebrantamiento al deber de fidelidad del funcionario se debe verificar qué norma, qué acto de autoridad competente o situación concreta vinculada con la actividad del sujeto activo le impone el deber de custodiar; requisito que no puede ser abastecido por el sólo hecho de que el objeto se encuentra en el interior del lugar de trabajo del imputado -en el caso, hospital público en el que cumplía funciones como médico de guardia-; correspondiendo por ello modificar la calificación al delito de hurto (art. 162 C.P.), al comprobarse el apoderamiento ilegítimo de cosa mueble ajena.
En cuanto a lo referido a la extensión del daño causado estableció que se encuentra comprobado tanto por el valor del instrumental sustraído, como por su condición de médico que lo hace conocedor de la importancia de la faltante y el riesgo que conlleva en una intervención quirúrgica en la que debía ser utilizado -precisamente aquella que generó su búsqueda-, afectándose de esa manera el normal funcionamiento del servicio de cirugía del Hospital.
Por último, en lo relativo a los términos del artículo 27 bis del Código Penal en lo que respecta al plazo de cumplimiento de las reglas impuestas al acusado no resulta incorrecto establecer un plazo superior al monto de la pena, siempre que el mismo resulte proporcionalmente racional a la entidad del injusto atribuido.

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03-10-2017 | Tribunal de Casación Penal, en Pleno. Declaración de Reincidencia. Acuerdo de Juicio Abreviado. Materia pactable. Facultades del Juez.

Por sentencia de fecha 27 de Septiembre de 2017, en causa nº 77660, caratulada "Miranda Lobos, Manuel Alejandro s/ Recurso de Casación", el Tribunal de Casación Penal, EN PLENO, resolvió que el Juez puede declarar la reincidencia aun cuando no fue incluida en el acuerdo de juicio abreviado.

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27-09-2017 | Tribunal de Casación Penal. Sala V. Juicio por jurados. Veredicto de no culpabilidad. Recurribilidad del particular damnificado. Normativa nacional e internacional aplicable.

La Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en causa nº 78302 caratulada "Bray, Juan Pablo y otro s/ Recurso de Queja (Art. 433 del CPP) interpuesto por el particular damnificado", determinó que entre otras cuestiones que si bien es indiscutible que en virtud de la división de poderes establecida por el sistema constitucional, compete al poder judicial ejercer el control de constitucionalidad respecto de las leyes que debe aplicar, no es menos cierto que ésta es una de las funciones más delicadas de la jurisdicción y que la declaración de inconstitucionalidad de una ley debe considerarse como "última ratio", por cuanto las normas correctamente sancionadas y promulgadas llevan en principio la presunción de su validez.
El análisis del planteo de inconstitucionalidad de las normas que determinan el carácter de irrecurrible del veredicto de no culpabilidad dictado por el Tribunal de Jurados debe ser realizado teniendo en cuenta dos ejes: a) El derecho del acusador –sea público o privado- a recurrir la absolución del imputado no tiene reconocimiento constitucional. En este primer aspecto, la intervención de la víctima constituida en particular damnificado en nuestro sistema en el proceso penal, se presenta como una manifestación del derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva, que constitucionalmente le corresponden por imperio de lo prescripto en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. b) La naturaleza soberana de la decisión del jurado popular, que es la razón de ser de la irrecurribilidad de su veredicto, tal como se reconoce pacíficamente desde hace siglos en las democracias occidentales más sólidas del common law..El veredicto del jurado es una decisión judicial y política emanada directamente del soberano, ello es lo que determinó la decisión legislativa de asignarle, siempre, el carácter de irrecurrible. La característica del veredicto de no culpabilidad es que cierra "de manera definitiva e irrevocable la potestad punitiva estatal o privada sobre el acusado…Cuando el Pueblo soberano –como jurado- niega el permiso político de aplicar el poder penal, la persona debe quedar libre en el acto ya que nadie más podrá modificar esa decisión"

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22-09-2017 | Tribunal de Casación Penal. Sala I. Valoración probatoria y perspectiva de género frente a un caso donde la víctima de un delito contra la integridad sexual se retracta

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en causa nº 78.122 caratulata "Genoves, Hector Raúl s/Recurso de Casación", determinó que la retractación de la víctima en aquellos delitos que lesionan la integridad sexual, no impide tener por acreditado el injusto mediante otros medios de prueba que corroborarán la imputación. A todo evento, estos supuestos obligan a extremar la rigurosidad con la que se analiza el material probatorio, incorporando en esa actividad la perspectiva de género.
En esta oportunidad, además de los distintos tipos de violencia que el sujeto activo desplegó en reiteradas ocasiones sobre la damnificada, testimonios y pericias disponibles al momento de dictar la sentencia; adquirió vital importancia la concurrencia real entre los delitos de privación ilegítima de la libertad y el abuso sexual con acceso carnal.
En ese contexto las múltiples formas de violencia a la que estuvo sometida la víctima y la privación ilegítima de la libertad padecida, conducen a sostener con certeza que la denunciante no pudo prestar libremente su consentimiento para mantener relaciones sexuales, materializándose de esta forma las exigencias previstas en el primer párrafo del artículo 119 del Código Penal.

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