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Guía Judicial - Tribunal de Casación Penal



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03-04-2019 | Tribunal de Casación. Sala I. Grooming (art. 131 del CP) Configuración. Acción Típica.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº87.583 caratulada "Luna, Jonatan o Luna, Yonatan Omar s/Recurso de Casación", resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto en favor del imputado contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal nº 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a través de la cual se lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio triplemente calificado por haberse cometido sobre una mujer mediando violencia de género, por alevosía y para ocultar otros delitos y por no haber logrado el fin e intención que guiaba su conducta de cometer un delito contra la integridad sexual, en concurso real con los delitos de acoso sexual tecnológico y robo (arts. 5, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 50, 55, 80 incs. 2, 7 y 11, 131 y 164, CP.). Explicó que la exigencia respecto de la comprobación del propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la víctima –como elemento subjetivo distinto al dolo-, permite caracterizar al delito de "grooming" como un acto preparatorio de otro delito contra la integridad sexual al cual el legislador, realizando un anticipo de punibilidad, lo ha dotado de protección penal autónoma. Precisó que la figura prevista en el art. 131 del CP no requiere para su configuración la realización típica de alguno de los restantes delitos contra la integridad sexual, sino la cabal demostración de que el propósito del contacto se dirigió a dichos fines.

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15-03-2019 | Tribunal de Casación. Sala VI. Legitimación para actuar del Particular Damnificado en la etapa de ejecución. Cómputo de pena. Inaplicabilidad del 2 x 1.

La Sala VI del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº88.257 caratulada "Grassi, Julio César s/Recurso de Casación", resolvió, hacer lugar a los recursos de casación articulados por los letrados apoderados de los particulares damnificados, revocar la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la Departamento Judicial Morón, en cuanto declaró mal concedidos los recursos de apelación por ellos interpuestos y reenviar las actuaciones a los fines que, debidamente integrada, dicte una nueva resolución con ajuste a lo decidido, debiéndose además, avocarse al tratamiento de lo planteado en relación a los alcances de la Ley 27.362 que fuera oportunamente introducido. Sostuvo la legitimación de los Particulares Damnificados para actuar en la etapa de ejecución, pues el cómputo de la pena constituye una parte accesoria y complementaria sentencia. De este modo, consideró que el control de la sentencia condenatoria responde a un derecho constitucional a la jurisdicción o de acceso a la justicia, conforme la normativa constitucional e internacional de derechos humanos y la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto. Asimismo, con respecto a la inaplicabilidad del 2 x 1, ordena el reenvío para determinar los alcances de la ley 27.362 a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo Nacional.

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07-03-2019 | Tribunal de Casación. Sala I. Libertad Asistida. Prognosis de la Cámara de Apelación y Garantías. Informes del Servicio Penitenciario y Resoluciones Ministeriales atinentes a su elaboración.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº94.474 caratulada "Herrera, Juan Luis s/ Recurso de Queja (ART 433 CPP)", resolvió hacer lugar al recurso de casación deducido, casar lo resuelto por la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Dolores e incluir a Juan Luis Herrera en el régimen de la libertad asistida. Consideró que la resolución dictada por la instancia anterior deviene arbitraria, toda vez que la conclusión a la que arribó el Departamento Técnico Criminológico carece de sustento razonable.
Asimismo indicó que el requerimiento del Juzgado de Ejecución Penal, en torno al contenido de los informes del Servicio Penitenciario, más allá de las objeciones de orden constitucional que puedan pesar sobre el sentido de tal exigencia, no se trata de uno de los objetivos perseguidos por los requisitos legales aplicables al instituto, debiendo tenerse especial consideración respecto a que los informes deben producirse de conformidad con las Resoluciones Ministeriales Nº2/2010 (arts. 4, 5 y 8) y Nº4723/2011 (Anexo III).

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01-03-2019 | Tribunal de Casación. Sala I. Nulidad. Actitud Sospechosa. Intervención Policial. Requisa. Razones de Urgencia. Valoración Probatoria. Absolución.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº90.436 caratulada "Anyosa Vargas, Maria Luisa s/Recurso de Casación y su acumulada 90.437 "Juarez Anyosa, Richard Braian o Juarez Anyosa Richard Brian s/Recurso de Casación", decidió casar la sentencia recurrida, absolver a los imputados en orden a los delitos que se le atribuyen y comunicar la decisión adoptada a la Fiscalía departamental. Consideró la inexistencia de los elementos relevantes de la conducta que el personal policial y municipal adjudicó a los acusados como para presumir alguna relación con un ilícito y aún menos razones de urgencia para proceder a la requisa del rodado sin orden judicial. Destacó que las circunstancias descriptas demuestran notorias contradicciones entre lo plasmado por los funcionarios policiales en el acta de procedimiento –que luego ratificaron en el juicio- y las situaciones que se pueden observar en los registros audiovisuales aportados al debate. De seguido afirmó que la prueba detallada en el pronunciamiento en crisis no ha sido valorada por el sentenciante de acuerdo con las reglas contempladas en los arts. 209, 210 y 373 del ordenamiento adjetivo, llegándose a una conclusión inconciliable con las evidencias que conformaron el caudal probatorio disponible, y que en consecuencia descalifica a la sentencia condenatoria como acto jurisdiccional válido. Concluyó a la par que ante el tenor de las irregularidades denunciadas, que cuentan con suficiente apoyo en el material probatorio incorporado a este legajo, se impone su investigación con el objeto de establecer la eventual comisión de delitos de acción pública por parte de los funcionarios que intervinieron en la prevención.

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28-02-2019 | Tribunal de Casación. Sala I. Libertad Condicional. Requisitos.Trámite.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº91.896 caratulada "Ybarra, Natalio Abrahan s/Recurso de Casación", decidió casar la resolución recurrida y mantener la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución Nº2 local, en cuanto incorporó a Natalio Abrahan Ybarra en el régimen de la libertad condicional. Consideró que los Sres. Camaristas al decidir sobre el caso y con base en los informes del departamento ejecutivo deben efectuar, en algún punto, un juicio de prognosis sobre el eventual comportamiento y acatamiento que depararía la vida extramuros del penado, resultando imperativo resolver de conformidad a las circunstancias actuales de la causa. En otras palabras, siguiendo el razonamiento reiteradamente expuesto por nuestra Corte Federal, sostiene que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.

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28-02-2019 | Tribunal de Casación. Sala I. Valoración probatoria para la corroboración del delito. Nulidades. Requerimiento y prueba.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº92.900 caratulada "Flores Néstor Fabián y De Luca Jose Alberto s/Recurso de Casación interpuesto por defensores particulares", consideró que uno de los fundamentos de la figura agravada del homicidio –en el caso Art. 80 inc. 6 del Código Penal- se encuentra en la disminución de las posibilidades de defensa de la víctima, conjuntamente con la mayor peligrosidad de la conducta ilícita allí prevista, como consecuencia de la actividad emprendida por los sujetos activos –conducta dolosa de matar a otro con la concurrencia de voluntades de dos o más personas siguiendo un plan previamente acordado para tal fin-, sin que la particular situación de la víctima al momento del ataque pueda ser considerada como fundamento del desplazamiento de la calificación legal a la figura del homicidio simple.

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26-12-2018 | Tribunal de Casación. Sala II. Medidas de seguridad. Procedencia. Arbitrariedad. Sentencia.

La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº90.197 caratulada "Martínez, Luis Gabriel s/Recurso de Casación", resolvió que la competencia del Tribunal para dictar la medida de seguridad sin que fuera requerida por el fiscal surge de la propia ley, en tanto el artículo 34 inciso 1º CP establece que el dictado de la medida de seguridad es facultad de la jurisdicción determinando, sobre la cuestión, que "En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás". Afirmó que la medida de seguridad es facultad del Juez, sin estar condicionada a la petición fiscal, sin que ello implique que su dictado quede al libre arbitrio judicial, sino que debe cumplirse con todos los requisitos legales como la observancia de las normas relativas al juicio (artículo 1 CPP in fine CPP).
Asimismo advirtió que el Tribunal fundamentó su decisión en elementos de prueba que, sin perjuicio de su validez, resultaban desactualizados e insuficientes para resolver sobre una medida de seguridad, que se presenta ante el juzgador como un juicio de probabilidad que necesariamente debe asentarse en premisas actuales al momento de decidir.
Señaló que en el caso el juicio de probabilidad está ausente y resulta demostrativo de la arbitrariedad del fallo ante el trato insuficiente de la cuestión, máxime cuando el a quo contaba con herramientas con las cuales podía mejor conocer y resolver la cuestión, como la cesura de juicio (art. 372 CPP).
Destacó que la temática debe ser evaluada a la luz de los principios de última ratio e intervención mínima que resultan pautas de interpretación para evaluar la razonabilidad de una medida de seguridad, labor que se verifica ausente en el fallo que no abordó ni descartó la posibilidad de una medida menos lesiva para la libertad.

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02-11-2018 | Tribunal de Casación. Sala I. Juicio por Jurados. Suspensión de audiencia. Suficiencia probatoria. Duda. Exhibición de fotografías. Peligrosidad como agravante.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº88.547 caratulada "Rodriguez Cristian Emanuel s/Recurso de Casación interpuesto por Defensor Particular y Iskov, Daniel Omar Franco y Frias Julio Cesar s/Recurso de Casación interpuesto por Defensor Oficial", entendió que la disposición de un receso hasta el día siguiente del debate, no provoca su nulidad pues solo se basa en la conjetura de que los miembros del jurado violarían el juramento prestado y se comportarían por fuera de la ley. El juramento se centra en la fórmula de juzgar con imparcialidad, lo que implica la obligación de no buscar información por fuera de la prueba producida en el debate, el interesado no acredita que los jurados inobservaron el deber sobre el que fueron instruidos.
La tarea revisora de Casación, ante la denuncia de insuficiencia probatoria, no pasa por la realización de un nuevo juicio sino en una labor en la que se debe estimar "la suficiencia probatoria de signo acusatorio" que, más allá de toda duda razonable, avale la decisión del veredicto de culpabilidad.
No hay razones para validar el cuadro de duda que sostiene la defensa. No deben tratarse de dudas subjetivas, sino aquellas que puedan emerger de la valoración objetiva de la prueba producida y, en este sentido, la propuesta de la defensa se enarbola desde una visión fragmentaria que no se compadece con el caudal de prueba de cargo verificada, lo que permite arribar al veredicto de culpabilidad en torno a los delitos contra la vida y la propiedad por los que fuera acusado Rodríguez, sin menoscabo de la presunción de inocencia.
En la resolución no se decidió si al testigo se le exhibió o no una fotografía antes del inicio de la rueda, en cuyo caso –de haberse constatado dicha situación-, según las circunstancias particulares, el Juez profesional hubiera tenido que determinar si la diligencia igualmente era legítima y válida, quedando su poder de convicción sujeto a valoración, o si ameritaba ser excluida del proceso por resultar un acto inválido o prueba ilícita (conforme arts. 201 C.C. y ss. y 211 del C.P.P.). Tampoco se perciben las razones por las que la introducción en el juicio oral de la cuestión debatida en la audiencia preliminar, hubiera influido y determinado el veredicto del jurado viciando de nulidad el finalmente dictado.
El concepto invocado por el sentenciante de peligrosidad del art. 41 del C.P. es el referido a un hecho cometido y no a una característica de personalidad del imputado, por lo que no se percibe que en el fallo se haya aplicado en perjuicio de los encausados un criterio de peligrosidad en los términos objetados por la recurrente.

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01-11-2018 | Tribunal de Casación. Sala I. Garantías constitucionales. Debido proceso. Defensa en juicio. Congruencia. Circunscripción témporo espacial de los hechos.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº84.622 caratulada "Barrera Mauro Ezequiel, Riegel Marcelo Daniel y Dobarro Maria del Carmen s/Recurso de Casación", entendió que la introducción de modificaciones en el alegato de cierre del debate por parte del órgano acusador, no alcanza para abastecer las garantías del debido proceso y defensa en juicio, puesto que los imputados no tuvieron a lo largo de todo el juicio y hasta el momento de clausura de la etapa de producción probatoria, la oportunidad cierta de contestar la novedosa imputación y producir la prueba que estimaran adecuada a sus intereses. La alteración de los hechos en la sentencia, introduciendo nuevas precisiones temporales y cambiando el número y los momentos en los que habrían intervenido los sujetos activos de esas conductas, revela que la defensa no tuvo oportunidad de conocer, confrontar y producir prueba sobre los aspectos esenciales de la plataforma infraccionaria con anterioridad a que se dictara el veredicto, condición ineludible de un proceso respetuoso de la garantía constitucional de defensa en juicio. El caso se adecúa en el supuesto previsto en el artículo 461 del Código Procesal Penal por tratarse de un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso que torna necesaria la celebración de un nuevo debate.

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08-10-2018 | Tribunal de Casación. Sala I. Garantías constitucionales. Congruencia. Delito de desobediencia. Interpretación.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº87.744 caratulada "Ibarra, Diego Fernando s/Recurso de Casación", resolvió que en el caso surge claramente la inobservancia del principio de correlación entre la acusación y el fallo, el que resulta ser una manifestación de la garantía de defensa en juicio dado que el derecho a ser oído reclama del órgano jurisdiccional un pronunciamiento que debe expedirse sobre el hecho y las circunstancias contenidas o delimitadas en la acusación fijando entonces aquella regla el ámbito máximo de decisión del fallo penal.

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23-08-2018 | Tribunal de Casación. Sala I. Admisibilidad del Recurso de Queja. Cuestión Federal. Arbitrariedad. Garantías Constitucionales. Preclusión Procesal, Imparcialidad.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº88858 caratulada "Bizzozero, Lucas Leonel s/Recurso de Casación", entendió que la cuestión planteada involucra una cuestión federal cuyo planteo es útil para demostrar la infracción alegada, pues queda evidenciado un apartamiento de la solución legal prevista para el caso, lo que constituye una causal definida de arbitrariedad (art. 14 ley 48) e importa, en consecuencia, un vicio de fundamentación que permite suplir la ausencia de definitividad de la resolución impugnada.
Asimismo el temperamento propiciado por la Cámara atenta contra el principio de preclusión procesal y menoscaba la garantía de imparcialidad del juzgador, al no ser posible ni lícito retrogradar la causa a estadios ya superados, supliendo, en consecuencia, los defectos de investigación en que pudo haber incurrido el Ministerio Público Fiscal.
En consecuencia, si la Cámara de Apelación y Garantías reconoció la debilidad probatoria, debió resolver con los elementos aportados, si correspondía la clausura del proceso o en su defecto, la confirmación de la elevación a juicio decidida por el magistrado garante.

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04-01-2018 | Tribunal de Casación Sala I. Razonamiento probatorio. Arbitrariedad. Omisión de considerar la integridad de las aportaciones probatorias. Condiciones de validación del testimonio de la víctima en delitos contra la integridad sexual.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en causa nº 82.118 caratulada "Cufre Pantaleón, Rafael S/ Recurso de Casación", determinó que la cuestión no pasa por afirmar con seguridad, que los hechos sucedieron de la forma en que los presenta la defensa. Se trata en cambio de examinar los argumentos desarrollados por los señores jueces de la instancia para sostener, con el grado de certeza requerido por un veredicto condenatorio, que los hechos ocurrieron de la manera en que los presentó la acusación, con el consecuente descarte de la tesis en contrario presentada por la defensa. El razonamiento jurisdiccional debe guiarse por encontrar una relación de correspondencia entre el resultado que arrojan las pruebas y el acontecimiento que éstas permiten recrear, y en este punto no se encontró un cuadro de suficiencia probatoria que permita arribar a un grado de certeza, con criterios generalmente aceptados por la comunidad científica, respecto de la existencia del hecho.
Para el arribo del veredicto condenatorio es deber jurisdiccional justificar la corroboración de la hipótesis de la acusación, con suficiencia para refutar todas aquellas plausibles de explicar la inocencia del acusado, debiendo atender especialmente la congruencia, suficiencia e integridad del material probatorio en que se sustenta la acusación estatal.

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29-12-2017 | Tribunal de Casación. Sala I. Concepto de tortura. Estándares internacionales en la materia. Revocatoria de absolución en la primera instancia.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº78.681 caratulada "Gómez Ariel Emiliano, Balbuena Pablo Cesar y Suarez Rubén Darío s/Recurso de Casación interpuesto por Agente Fiscal y su acumulada causa Nº78.685, resolvió Hacer lugar a los recursos de casación interpuestos, casar el pronunciamiento absolutorio dictado en fecha 1 de abril de 2016 por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Matanza y, consecuentemente, devolver a la instancia para que –previa integración con jueces hábiles- se efectúen los actos necesarios para la celebración de un nuevo debate; sin costas.

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26-12-2017 | Tribunal de Casación. Sala I. Homicidio calificado por el vínculo y aborto. Aplicación de estándares internacionales en materia de violencia de género.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº84.069 caratulada "Mansilla Marcos Andrés s/Recurso de Casación, en consonancia con los estándares internacionales fijados en la materia, analizó el presente caso en donde el imputado fue condenado por dos delitos contra las personas (mediando violencia), desde una prespectiva de género tal como lo recomiendan los organismos internacionales.

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21-12-2017 | Tribunal de Casación. Sala I. Lesiones graves. Puesta en peligro de la vida del ofendido. Configuración. Riesgo real y objetivo.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº83.049 caratulada "Barbosa Walter Javier s/Recurso de Casación, resolvió que el tipo penal del artículo 90 del Código Penal contempla un peligro concreto (real) para la vida de la víctima, no resultando posible realizar un pronóstico de riesgo calculado ex ante; siendo precisa su verificación ex post y determinable en base a un análisis médico – científico (diagnostico).

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