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Suprema Corte



Elaboración Participada de Normas Generales


Determinación de actos de “mero trámite”


La Suprema Corte de Justicia inauguró la utilización del procedimiento de elaboración participada de normas generales en el marco de la labor dirigida a determinar, por medio de una reglamentación, cuáles eran los escritos de mero trámite que podían ser presentados por abogados con su sola firma, en los términos de la autorización prevista en el artículo 56, inciso “c”, de la Ley 5177, de ejercicio de la profesión de abogados.

A tal fin, el Máximo Tribunal dispuso a través de la  Resolución 2327/16 del 13 de octubre de 2016 realizar una convocatoria pública para que toda persona interesada en la cuestión pudiera hacer llegar propuestas y comentarios por medio de este sitio web.



Sobre la utilización de este mecanismo, el Tribunal destacó:

“Resulta una técnica adecuada al servicio de la participación ciudadana, tendiente
a habilitar un espacio institucional para brindar elementos de análisis al
órgano decisor respecto a las cuestiones que serán objeto de reglamentación”.



En este caso, el esquema básico sobre el cual se basó la consulta pública consistió en enumerar en forma taxativa las hipótesis en las que no era factible ejercer la facultad de presentar escritos con la sola firma del letrado (quedando entonces habilitado el uso de esta herramienta para los casos restantes), permitiéndose, además, la subsanación de las presentaciones que no se ajusten a las pautas fijadas.

Al término de los tres meses previstos para remitir presentaciones casi 1773 personas y 5 instituciones académicas habían hecho llegar sus opiniones. Su análisis permitió constatar, por un lado, un extendido consenso con el proyecto elaborado por una Mesa de Trabajo constituida por la Suprema Corte, el Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados y Funcionarios, a través de las Resoluciones Nº 3272/15 y 1074/16. Pero además, algunas de las devoluciones fueron específicamente tenidas en cuenta para precisar conceptos, como así también para excluir de esta clase de escritos a los requerimientos vinculados con las medidas cautelares.

Finalmente, por medio del Acuerdo 3842 del 8 de marzo de 2017, la Suprema Corte dictó la respectiva reglamentación que estableció los actos de “mero trámite”, dando cierre a un proceso innovador, el cual contó con un destacado nivel de participación ciudadana.












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