Cámara Penal- Sala 1 - San Isidro
Fecha: 16 de agosto de 2007

 Causa N 8200 "Habeas Corpus a favor de   C. , C. A. " 

 San Isidro, 16 de agosto de 2007

 AUTOS Y VISTOS. 
Para resolver la petición de Habeas Corpus interpuesta por los Sres. Defensores Particulares del encausado C. A. C. , Dres. Alberto Nestor Cafetzóglus y Diego Ferrari.-

 Y CONSIDERANDO: 
Que sometido al acuerdo el presente incidente, se  dispuso el  siguiente  orden  de  votación: en primer lugar el Sr. Juez, Dr. Oscar Roberto Quintana y en segundo  término  el Sr. Juez, Dr. Ernesto A. A. García Maañón.-
A continuación, los Sres Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones:

 I. ¨Es admisible la acción intentada?  
 II. ¨Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

 A LA  PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ DR. QUINTANA DIJO: 
Que los accionantes resultan legalmente legitimados en los términos del art. 407 del ritual,  habiendo  cumplido  con  las formalidades consignadas en la norma y manifestado los motivos del agravio en su escrito de interposición.-
Asimismo,  la  presentación  efectuada en los términos del art.  405 del código ceremonial, es dirigida a hacer cesar  la  prisión  cautelar  que sufre su asistido en base a los argumentos  que  expone  y aquí con ésta mención tengo por reproducidos.-
Por ello, sin perjuicio de recordar que, debido a su naturaleza  de  garantía  de la libertad individual, el Habeas  Corpus es esencialmente carente de formalidades,  las  requeridas  en  el  caso de devenir una vía de embate contra  resoluciones  jurisdiccionales  se encuentran cumplidas en el presente. En consecuencia  VOTO POR LA AFIRMATIVA . Arts.  168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Bs. As.  y 405 inc.5to., 406 y 407 del C.P.P.- 

 A LA  PRIMERA  CUESTION  PLANTEADA, EL SR. JUEZ DR. GARCIA MAAÑON DIJO:  
Adhiero al voto de mi colega preopinante, por  los  mismos motivos y fundamentos legales  (Arts.  168  y  171  de  la  Constitución de la Provincia de Bs. As).

 A LA  SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ DR. QUINTANA DIJO: 
I. Que los Dres. Alberto Nestor Cafetzoglus y Diego Ferrari, Defensores Particulares del encausado C. ,  interpusieron  petición de Habeas Corpus desarrollando argumentos en relación al derecho de su asistido  de  mantener su estado constitucional de inocencia hasta tanto no  haya una sentencia en autoridad de cosa  juzgada  que  diga  lo  contrario y su derecho a ser considerado un hombre común. Asimismo efectúan una crítica razonada respecto a la valoración de los peligros procesales -fuga- que  sirven  como sustento a la medida de coerción dictada en contra  de  su asistido por la mayoría del Tribunal, calificándola finalmente como "arbitraria", y por tanto una restricción ilegítima a la Libertad.-
Respecto  a  este punto, la defensa resalta la conducta de C. durante la sustanciación del proceso, en cuanto a la demostración de su ánimo de no sustraerse a los fines del proceso.-
Así, en atención a los fundamentos expuestos por la defensa, corresponde verificar si la orden de detención dictada  por la mayoría del Tribunal de instancia resulta ser arbitraria.-
Para tal fin, corresponde citar los fundamentos que  motivaron a la Dra. Etcheverri - con adhesión del Dr. San Martín-  a  la  imposición de una medida de coerción respecto del aquí imputado, estos son: "... al haber  recaído  una penalidad  de efectivo cumplimiento, aparece como inevitable sujetarlo  a la jurisdicción mediante su detención, lo que por cierto aparece como proporcional al inequívoco aumento verificado de peligro cierto de frustración de  los  fines últimos del proceso..."Así las cosas, desde ya adelanto que asiste razón a la defensa, en cuanto a que la orden de detención  emanada  por el  Tribunal interviniente, resulta a todas luces arbitraria. 
Así  para  fundamentar lo expuesto, es dable mencionar que el  Art.  371  del  C.P.P.  en  su  último  párrafo  dice:  
"...cuando el veredicto fuere condenatorio y correspondiere la imposición de una pena  privativa  de  libertad  de efectivo  cumplimiento, el Tribunal PODRA disponer una medida de coerción, agravar la aplicada o aumentar las  condiciones a que se encuentre sometida la libertad del imputado; aún cuando el fallo no se hallare firme y en PROPORCION al AUMENTO VERIFICADO DE PELIGRO CIERTO  DE  FRUSTRACION DEL PROCESO".-Dicha  norma si bien otorga la facultad al Tribunal de imponer  una medida de coerción, limita la decisión a la verificación de un aumento cierto de los  peligros  procesales.
En  tal  inteligencia y ante los fundamentos de la mayoría de  los  jueces que integran el Tribunal Criminal nro. 6 departamental  denotados  precedentemente,  es que considero que la decisión ha trasgredido los límites  impuestos  por la norma del artículo 371  del  rito  procesal  resultando prístinamente arbitraria. 
Es mi entender que se realiza una doble arbitrariedad, radicando la primera de ellas en la valoración de los  peligros  procesales  -  toda vez que el Tribunal los tilda de más gravosos cuando en realidad han disminuído-, siendo la segunda  arbitrariedad  la  elección de la medida de coerción, la que resulta ser la más gravosa de todo el catálogo  ofrecido por el rito, lo cual afecta la proporcionalidad que debe existir entre uno y otro. Así pues la CIDH en  causa "G. , P. de fecha  8  de  julio  del  año 2004" a dicho que: "...nadie puede ser sometido  a  detención  o encarcelamiento por causas y métodos que - aún calificados de legales - puedan reputarse como incompatible con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisible  o faltos de proporcionalidad...". 
Por ello a contrario de los fundamentos expuestos  por  la mayoría  del Tribunal interviniente considero que el peligro  cierto de frustración de los fines del proceso en relación  a la actual situación de C.  ha disminuido,  pues antes del fallo condenatorio  se  encontraba  acusado por  el  delito de Homicidio calificado - reprimido con la  máxima  penalidad del Código de fondo - y en la actualidad se encuentra condenado por sentencia NO FIRME por el delito  de  Encubrimiento  agravado con una pena impuesta de 5 años y 6 meses de prisión-.
Tampoco ha demostrado durante la sustanciación del  proceso,  mientras se encontraba acusado por el delito mas gravoso, algún tipo de conducta que indique su voluntad de no someterse  al proceder de la justicia, pues ha comparecido  siempre  que  fuera requerido y ha prestado colaboración a los requerimientos procesales impuestos.-
Así también, no puedo dejar de resaltar que C. resulta ser un hombre de 62 años  de  edad,  con  demostrado arraigo y una imagen que al haber tomado  estado  público, hace  presumir  las dificultades que este tendría si fuera  su intención la fuga.-
Entonces, resulta a mi entender arbitrario  e  innecesario que  en la actualidad, con una condena NO FIRME por un delito  con pena sustancialmente menos gravosa que por aquel que fuera sometido a proceso y gozara de la libertad, vulnerar su estado de inocente hasta tanto  adquiera  firmeza el  fallo condenatorio con la medida de coerción más grave prevista por nuestro ordenamiento procesal vigente.
En  dicha  inteligencia  la  prisión  preventiva puede ser aplicada cuando se demuestre la  ineficacia  de  cualquier  otra medida cautelar menos gravosa con el fin de evitar un peligro  de fuga o entorpecimiento de la investigación fe hacientemente comprobado.-
Por  lo  tanto el establecimiento de la prisión preventiva en  la  presente, donde no se han probado tales extremos y  se  ha  efectuado una arbitraria valoración del aumento de los peligros procesales como así también del medio coercitivo, deviene irrazonable y desproporcionado.-
Asimismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó a los jueces en oportunidad de resolver el "Recurso de hecho interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales  (CELS) - representado por Horacio Verbitsky, patrocinado  por  el Dr. Rodrigo Diego Borda, Tribunal de origen: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos AiresTribunales que intervinieron con anterioridad: Tribunal de Casación Penal, Sala III de la Provincia de Buenos Aires - 
", ponderar adecuadamente la necesidad de mantener la  detención,  o bien, dispongan medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas, sobre la base del contenido de penosa irreparabilidad  que  esta  significa  en  virtud de las actuales condiciones en las  cuales  se  encuentran las cárceles.-
Finalmente,  con  fundamento a todo lo expuesto en el presente  y  de acuerdo con el inc. 5to. del art. 405 del CPP corresponde  hacer lugar a la acción de Habeas Corpus, ordenando la  EXCARCELACION  a  C. A. C. bajo la CAUCION y demás REGLAS DE CONTROL que el Tribunal "a quo determine (arts. 27 bis del C.P.; 1, 106, 144, 148, "a contrario", 169 inc. 1, 177, 180, 182, 371 último párrafo "a contrario", 405 y ss del C.P.P.; art. 18 y 42 de la C.N.; 20, 21, 168 y 171 de la Const. Provincial.).

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ DR. GARCIA MAAÑON DIJO:
Que adhiero al voto del Dr. Quintana en la totalidad de las cuestiones planteadas.
No obstante ello, a mayor abundamiento, he de agregar que como he sostenido en anteriores pronunciamientos- la morigeración  de  los efectos de la coerción, puede y debe ser  dispuesta en la medida que ella no implique un riesgo para el proceso, debiendo en tal carácter ser analizadas  todas las circunstancias que lo puedan comprometer. 
A su vez, tal lo he manifestado en similares casos, la valoración del peligro procesal -periculum in mora-, sólo se admite a través de un análisis del caso concreto por parte del órgano jurisdiccional, sin prescindir del marco  axiológico  que  surge  de  los  presupuestos   normativamente instaurados por el legislador pero armonizando la ponderación a efectuar con el principio de inocencia, de donde se deriva  una  interpretación sistemática a favor de la presunción iuris tantum en el tratamiento de la cuestión como el método que abastece  con  mayor  aptitud  al  paradigma constitucional ( P. C. A. 09/05/2005, Cámara de Apelaciones  y  Garantías  en lo Penal de San Isidro, Sala  I.).-
Es así que, se debe ponderar en el caso concreto las  circunstancias  de hecho, mediante la prueba aportada al proceso, que justifiquen la situación de peligro y/o entorpecimiento del accionar judicial que presenta el caso ( art. 148 C.P.P.).-
Como bien lo ha sostenido la Cámara Nacional  de  Casación Penal in re M. , A. M. L.S7 rec. de casación (Sala  III, 2004/12/22): "el tribunal debe atender a las circunstancias objetivas que en  el  caso  concreto  permitan  formular un juicio sobre la existencia del peligro que genera la necesidad de la medida de coerción".- 
Sentado ello y del análisis de la presente causa surge que si bien, en principio, se habría incrementado  el  peligro procesal del encausado C. a partir del dictado  de una  sentencia  no  firme, por aplicación del principio de  certeza de los fallos judiciales al que ha  querido  referirse  el  magistrado a quo, ello se ha visto neutralizado  por  la absolución del delito más grave -homicidio calificado - por el cual C. venía imputado.- 
Asimismo  debe  tomarse en consideración el comportamiento del  causante durante el transcurso de todo el proceso, lo cual es indicativo de su voluntad de permanecer a derecho, factor éste de positiva ponderación para la concesión  del  beneficio.-
En efecto, no se avizora en este caso concreto pauta objetiva  de  presunción de fuga en caso de hacerse lugar a la libertad pretendida, toda vez que además de los  elementos valorados retro el encausado cuenta con domicilio  estable  y arraigo en el país, como destaca mi colega preopinante.
Cabe recordar que siempre ha de estarse a la medida  coercitiva  menos gravosa, a fin de no violentar en exceso los derechos que se ven menoscabados por el encierro que padece el imputado, toda vez que la prisión cautelar constituye  la  ultima  ratio instrumental para asegurar los fines del  proceso:  averiguación de la verdad y actuación de la  ley.- 
Por  ello,  estimo que los elementos valorados precedentemente relativos al peligro de fuga y de entorpecimiento de la averiguación de la verdad, indican como prudente  hacer lugar a la acción de habeas corpus a favor de  C. A. C. , concediendo la excarcelación del nombrado bajo la caución y demás reglas de control que el Tribunal a quo determine.- 
A  tenor de ello, adhiero al voto de mi distinguido colega preopinante y ASI LO VOTO (Arts 27 bis del  Código  Penal; 1, 106, 144, 148 a contrario sensu, 169 inc. 1, 177, 180, 182,  371  último  párrafo,  a  contrario,  405  y ss. del  C.P.P.;  art.  18 y 42 de la Constitución Nacional y arts. 20, 21, 168 y 171  de  la  Constitución  de  la  Prov.  De Bs.As.).-

Por ello el Tribunal, resuelve:

 I.- DECLARAR ADMISIBLE  la presente acción de Habeas Corpus interpuesta por la Defensa Particular del encausado C. A. C. , por lo motivos expuestos en el  considerando (Art. 405 inc. 5 del C.P.P.).-
 II.- HACER LUGAR A LA ACCION DE HABEAS CORPUS  en favor de C. A. C. ordenando la   EXCARCELACION   del  
nombrado bajo la  CAUCION  y demás  REGLAS DE CONTROL  que  el Tribunal  "a quo" determine (Arts. 27 bis del C.P; 1, 106, 144, 148 "a contrario", 169 inc. 1, 177,  180,  182,  371 último  párrafo  "a contrario", 405 y ss. del C.P.P.; art. 18  y  42 de la C.N.; 20, 21, 168 y 171 del a Const. Provincial.-
Notifiquese  al  Sr.  Fiscal  General  y  devuélvase  a la instancia, encomendando a su Secretario para que practique las notificaciones pertinentes.-