27-11-2019 | La Suprema Corte de Justicia encabezó reunión con jueces del fuero penal frente a la grave situación de sobrepoblación carcelaria

La Plata, 27/12/2019. En la sede del Instituto de Estudios Judiciales se llevó adelante la reunión convocada por la Suprema Corte de Justicia con jueces del fuero penal de todo el ámbito provincial, tendiente a contrarrestar la acuciante situación de las personas privadas de libertad en comisarías, alcaldías y unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Encabezada por el presidente del Tribunal, Eduardo de Lázzari, y los ministros Daniel Fernando Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Sergio Torres, la reunión impulsada por medio de las resoluciones 1052 y 1058 contó con la presencia de los jueces del Tribunal de Casación Penal, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Personas Privadas de la Libertad de la Suprema Corte, Martín Lorat.

En ese marco, el Dr. de Lázzari recordó las medidas dispuestas por la Suprema Corte de Justicia a través de la Resolución Nº 3341, del 11 de diciembre del corriente año; informó sobre el primer encuentro de la Mesa Interinstitucional de Diálogo que tuvo lugar el pasado 19 de diciembre; y trazó una serie de lineamientos adicionales, entre los que se destacaron referencias a precedentes en la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la propia Suprema Corte de Justicia provincial.

Luego de su exposición, la jornada de trabajo prosiguió bajo la coordinación de los magistrados del Tribunal de Casación Penal, quienes en octubre de este año elaboraron un Documento sobre condiciones de detención (adjunto), en el marco de la Resolución Nº 2301/18 (adjunto) de la Suprema Corte de Justicia.

Dirigida a abordar con urgencia los aspectos fundamentales de la problemática existente y elaborar cursos de acción en lo inmediato la reunión contó con la presencia de jueces en lo Correccional, de Garantías, de Tribunales Orales y de Ejecución Penal de toda la provincia; como así también de autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, el Colegio de Abogados provincial y representantes de los comités de seguimiento de las personas privadas de la libertad de los distintos departamentos judiciales.