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18-08-2020 | COVID-19 (Coronavirus).
Segundo informe sobre el servicio de la Administración de Justicia en el contexto de la pandemia


La Suprema Corte de Justicia elaboró el Segundo Informe sobre el servicio de la Administración de Justicia en el contexto de la pandemia, en donde se detallan las medidas implementadas en la emergencia sanitaria, fundamentalmente a través de la intensificación en el aprovechamiento de herramientas tecnológicas para la gestión judicial y la regulación normativa de la nueva modalidad de prestación.

En el dosier se actualizan indicadores de gestión con datos de los meses de junio y julio, período en el cual se amplió el inicio electrónico de todo tipo de procesos judiciales y se dispuso el restablecimiento del servicio de justicia presencial en los departamentos judiciales de Trenque Lauquen, San Nicolás, Pergamino, Azul, Necochea, Junín, Bahía Blanca, Mercedes y Mar del Plata (estas dos últimas a partir del 24 de agosto); las sedes descentralizadas de Tandil, Bragado, Olavarría y Tres Arroyos; y en 77 de Juzgados de Paz. Ello, en un estado de situación en la cual todavía en la mayor parte de los partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires rigen importantes restricciones enmarcadas en el 'aislamiento social, preventivo y obligatorio' que condicionan la labor de los tribunales.

En términos estadísticos, se informa que desde el inicio de la emergencia hasta el 31 de julio, en todos los fueros e instancias:

-Se dictaron 7.344.001 trámites judiciales.
-Se registraron 4.659.549 notificaciones y presentaciones electrónicas.
-Ingresaron 191.502 causas.
-Se iniciaron en forma completamente digital y remota, 68.420 nuevos expedientes.

Como factores que permitieron recobrar un apreciado nivel de actividad, además de las medidas de innovación adoptadas, el informe destaca el compromiso de magistrados, funcionarios y agentes de los distintos fueros e instancias en un contexto de excepción, sumado a la decisión de suspender la Feria Judicial de invierno.

En relación al trabajo a distancia, hacia fines de julio se asignaron 12.506 credenciales de acceso remoto, con un promedio superior a 8.000 usuarios conectados diariamente.

En torno a las funcionalidades a distancia, se consigna que a partir del 25 de junio se extendió el inicio electrónico de toda clase de causas en los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y Juzgados de Paz; y desde el 13 de agosto se dispuso que los órganos judiciales de todos los fueros mencionados, como así también de los fueros Penal y de Responsabilidad Penal Juvenil, puedan celebrar cualquier clase de audiencias en forma remota.

En cuanto a sentencias y resoluciones se detalla que entre abril y julio de este año la Suprema Corte dictó 2.475 fallos (un 68,4% más que en el mismo período de 2019); las Cámaras de Apelación y el Tribunal de Casación Penal 33.419 (un 3% más que entre abril y julio de 2019); los juzgados de primera instancia 121.008 (lo que representa el 61% de lo efectuado en 2019); y los organismos de la Justicia de Paz 21.589 (lo que representa el 69% de las resuelto en el mismo período del año 2019). El informe precisa que, especialmente entre junio y julio, se afianzó una reacción que permitió reducir las brechas interanuales e incluso alcanzar rendimientos semejantes o superiores a los del año pasado, tal como surgen de los datos enunciados.

En el cierre del informe se expresa que, a pesar de los avances verificados a partir de la adopción y el sostenimiento del programa de innovación en la gestión de los tribunales, subsisten dificultades en distintos planos del servicio de justicia, ya sea por la continuidad de restricciones de diligencias y trámites esenciales, como por una serie de limitaciones que vienen evidenciándose desde antiguo (se mencionan, como ejemplos, la falta de un régimen legal de autarquía económico-financiera del Poder Judicial, la deficitaria infraestructura edilicia, la creciente cantidad de vacantes en un gran número de juzgados y tribunales). Además, se avizoran incrementos en la litigiosidad y el mantenimiento de la estrechez presupuestaria, factores que verosímilmente pueden acentuarse por el impacto de la pandemia.

Se concluye que, en tal contexto, no sólo habrá que profundizar los esfuerzos y la creatividad de todos los miembros del Poder Judicial para optimizar los programas implementados y sumar iniciativas que mejoren la organización del servicio para garantizar la tutela judicial de los derechos en la Provincia de Buenos Aires, sino que se requerirá también el acompañamiento de la comunidad jurídica y la adopción de medidas acordes de los restantes Poderes del Estado.



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