Casación - Sentencias destacadas
El Tribunal de Casación Penal (Sala V) resolvió casar la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes que revocó lo decidido por el Tribunal Criminal nº 3 departamental en tanto había declarado la inconstitucionalidad del art. 22 bis "in fine" del Código Procesal Penal respetando la opción de Velazque o Velázquez a ser juzgado por jurados y la opción del coimputado a ser juzgado por un tribunal técnico. Para así decidir, la mayoría consideró que la ley expresamente establece que la renuncia de uno de los imputados al tribunal con jurados, lo remite al tribunal en lo criminal, solo a él y no al resto. Si la ley hubiera querido que, con varios imputados, la renuncia de uno condujera a todos los demás a los jueces técnicos, lo hubiera dicho. La minoría sostuvo que el sistema opcional que instrumenta el código procesal bonaerense no puede privar a ningún ciudadano de ser juzgado por un jurado. Por lo que el art. 22 bis "in fine" del C.P.P. es inconstitucional porque contraviene la garantía del Juez Natural contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional.
El Tribunal de Casación Penal (Sala I) resolvió, por mayoría, rechazar el recurso interpuesto por Brandon Damián González, condenado a prisión perpetua como autor del delito de homicidio agravado por alevosía; y hacer lugar parcialmente al recurso de Brenda Nahir Fernández, condenada a dieciocho años de prisión por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, en el tramo relativo a la determinación de la pena (por falta de fundamentación) y reenviar el caso para que un tribunal habilitado establezca la sanción a imponer. La minoría absolvió a la acusada Brenda Fernández, al establecer que el tribunal no probó la existencia de signos externos que reflejaran la gravedad del cuadro en el que se encontraba la niña, descartando la imputación dolosa del resultado y, frente a esa misma configuración fáctica, la imputación del delito imprudente (art. 84, Cód. Penal), en tanto exige la posibilidad de reconocer aquel riesgo (cognoscibilidad), aun si la acusada hubiera prestado la debida atención.
El Tribunal de Casación Penal (Sala I), resolvió: I. Anular parcialmente la sentencia dictada por la magistrada, en el tramo donde se expidió sobre la significación jurídica que ya venía determinada por los jurados, sin afectar el veredicto de culpabilidad de Bongiovanni, pues se dictó en forma regular; II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas; III. Mantener la sanción impuesta al acusado en la sentencia dictada a consecuencia del veredicto; IV. Exhortar a la Dra. Claudia Fortunatti, jueza del Tribunal en lo Criminal nro. 2 de Bahía Blanca, para que en lo sucesivo se sujete a las reglas del procedimiento de juicio por jurados y se abstenga de ejercer funciones que le son ajenas, de acuerdo con el reparto constitucional de competencias de ese procedimiento. Para así decidir tuvieron en cuenta que la calificación jurídica forma parte de la teoría del caso de los litigantes y, en ese sentido, es una cuestión susceptible de prueba. Asimismo, corresponde al juez explicar a los jurados las reglas que rigen el razonamiento probatorio y el derecho aplicable al caso. Y es función exclusiva del jurado determinar los hechos del caso una vez practicada la prueba y, con base en esa determinación, aplicar la ley sustantiva que el juez les explicó a través de las instrucciones.
El Tribunal de Casación Penal (Sala I) hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa del imputado y casó la sentencia del Tribunal en lo Criminal nº 1 de Pergamino por falta de fundamentación con reenvío a otro tribunal para que, jueces hábiles, previa audiencia de visu, en resguardo del debido proceso y del derecho a ser oído, dicte un nuevo pronunciamiento acorde a derecho. Para así decidir consideró que el a quo hizo una errónea equiparación entre la medida de seguridad y la pena, desatendió la mayor vulnerabilidad de las personas con discapacidad y su derecho a recibir el tratamiento acorde a sus necesidades de salud y a la protección de terceros, según los parámetros de ley de Salud Mental, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental. La fijación de un lapso inflexible de la medida desatiende la progresividad en el tratamiento de la persona con discapacidad y la doctrina de la CSJN ("Antuña") y de la SCBA ("P., M. R.") sobre la obligación de atender los parámetros constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad al imponer medidas de seguridad penal, con especial atención a los fines curativos y preventivos.
El Tribunal de Casación Penal (Sala I) resolvió: I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Defensor Adjunto de Casación, sin costas; II. Casar el pronunciamiento dictado por los jueces de la Sala III del Tribunal de Casación en el marco del recurso fiscal; III. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la decisión del Tribunal en lo Criminal y, consecuentemente, mantener la condena de Esteban Damián Rojas como coautor responsable de los delitos de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas.
El Tribunal de Casación Penal (Sala III) declaró admisible la queja y procedente el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías, confirmatorio del auto del Juez de Garantías del Joven, que denegó el sobreseimiento del imputado fundado en la vigencia de la acción penal con aplicación de la ley 27.206, y ordenó la devolución de las actuaciones para constatar la subsistencia de la acción penal, previa verificación de si el imputado ha cometido -o no- nuevos delitos. Para así resolver tuvo en cuenta el criterio de la Sala según el cual la aplicación retroactiva de la ley penal sólo se permite en los casos en que la norma es más benigna para el imputado, correspondiendo resolver en el caso en base a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal según ley 25.990 y no así en los términos de la ley 27.206 -como sostuvieran las instancias anteriores- a fin de extender el plazo temporal que mantiene viva la acción penal contra el imputado, lo que le resulta claramente perjudicial.
El Tribunal de Casación Penal (Sala I) declaró admisible y rechazó por improcedente el recurso fiscal en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil interpuesto contra la concesión de la suspensión de juicio a prueba en un caso de abuso sexual. Para así decidir, se consideraron específicamente los principios rectores y objetivos del fuero especializado, realizándose la distinción entre la utilización de una perspectiva de género al momento de decidir y la violencia de género efectivamente llevada a cabo o no en el caso concreto.
El Tribunal de Casación Penal (Sala I) resolvió hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa de Hurtado, declarar la inconstitucionalidad del artículo 22 bis "in fine" y remitir las actuaciones a la instancia inmediatamente inferior para que dicte un nuevo pronunciamiento. La mayoría consideró que la renuncia de un coimputado no puede privar a los demás de su derecho a tener un juicio por jurados porque es una garantía constitucional. La minoría entendió que lo normado en el artículo 22 bis última parte, en tanto priva a un imputado de la posibilidad de ser juzgado por un tribunal de jurados porque los coimputados aceptaron en su reemplazo jueces técnicos, vulnera la garantía de juez natural. Asimismo, rechazó el recurso interpuesto por la defensa respecto a la posibilidad de implementar el juicio por jurados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
El Tribunal de Casación Penal (Sala III) hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa, sin costas, y casó el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata que, con fundamento en la existencia de cosa juzgada írrita, decretó la nulidad de la resolución dictada por la Juez de Garantías, que declaró extinguida, por prescripción, la acción penal emergente de los hechos imputados a Alejandro Javier Salaberry y lo sobreseyó en relación a los mismos. Para así decidir evaluó que la actividad investigativa por parte de los órganos estatales no fue deficiente, la conducta del imputado no fue determinante para el dictado de la resolución que lo sobreseyera y la inexistencia de sentencias firmes que permitieran interrumpir el plazo de prescripción en los términos del artículo 67 del Código Penal. Tampoco advirtió que la voluntad de la Juez de Garantías se hallara guiada por el error pues, una vez recibido el pedido extintivo, se limitó, a través de un análisis objetivo, a verificar la existencia de los requisitos legales para el dictado del sobreseimiento por prescripción.
El Tribunal de Casación Penal (Sala II) resolvió reconducir como recurso de apelación la presentación efectuada por la defensa oficial del Departamento Judicial Zárate-Campana, a los fines de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Nicolás efectúe -por donde corresponda- el examen horizontal del veredicto condenatorio dictado por la alzada departamental y, de esta manera, resguardar el debido proceso y el derecho a obtener una revisión judicial suficiente que asiste a Julián Ernesto Alfano.
