Con fecha 13 de agosto de 2014, la Suprema Corte de Justicia resolvió requerir al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que informe de modo detallado, en el plazo de veinte (20) días sobre el estado de situación actual en el ámbito de las diversas Unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense y Alcaidías y, muy particularmente, en el ámbito de las diversas dependencias policiales.