Ingresar al contenido

Introducción

1. Las circunstancias en las que se ejerce actualmente la función de Administrar Justicia en la Provincia de Buenos Aires distan de ser las ideales. La resolución de la conflictividad a fin de asegurar la paz social ha sido confiada a pocos órganos jurisdiccionales –muchos de los cuales se encuentran vacantes desde hace años-, que sufren diversas limitaciones de personal y de infraestructura.

En consecuencia, los conflictos que diariamente se plantean entre los órganos existentes, en numerosas ocasiones no resultan decididos en los plazos fijados por las leyes procesales y dentro del 'plazo razonable' exigido por normas constitucionales y supranacionales.

La situación descripta a modo introductoria –y que es la resultante de los datos que a continuación he de exponer-, más allá de la impronta de cada gestión presidencial y de las acciones que, sostenidas en el tiempo, ha adoptado y adoptará la Suprema Corte en ejercicio de la superintendencia judicial, requiere –para su superación- del compromiso de los restantes poderes del Estado provincial, como resulta obvio.

a) Datos demográficos
La proyección del censo nacional de población, hogares y vivienda del año 2010 permite afirmar que la Provincia de Buenos Aires tiene una población de casi diecisiete millones (17.000.000) de habitantes. Sobre una superficie total de 307.571 kilómetros cuadrados, la densidad poblacional varía desde menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado (Departamentos Judiciales Trenque Lauquen [5,3] Azul [8,6], Bahía Blanca [9.3], Dolores [9,4]) o levemente superiores (Necochea [10], Junín [12,7]), a las que superan los dos mil novecientos por kilómetro cuadrado (Quilmes [2908,7], Lomas de Zamora [3932,2], Morón [4191,6], San Martín [5683,7], La Matanza [6805,9]).

b) Cantidad de órganos en funcionamiento
Para satisfacer la demanda de la función judicial, a fines de 2015, la Administración de Justicia estaba compuesta por ochocientos treinta y cuatro (834) órganos, distribuidos del siguiente modo:



c) Cantidad de órganos sin funcionar
Se encuentran pendientes de habilitación ciento ochenta y un (181) órganos:



d) Vacantes de Magistrados
Se encuentran vacantes ciento cincuenta y seis (156) cargos de magistrados, conforme el siguiente detalle:



e) Causas ingresadas y resueltas
Tasa de Resolución. En el año 2015 ingresaron un total de novecientos treinta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro causas (934.974) y fueron resueltas quinientas veinticinco mil quinientas treinta y dos (525.532), conforme el siguiente detalle según el fuero:



A dichas causas cabe añadir las ciento treinta mil ciento ochenta y ocho (130.188) que han tramitado por ante los Juzgados de Garantías del Joven (15.065), Juzgados de Garantías (94.290) y Juzgados de Ejecución Penal (20.833).

f) Infraestructura edilicia
Desde la perspectiva edilicia, para tener una demostración contundente de la situación de crisis que afronta el Poder Judicial, basta con observar los datos que a continuación se detallan:



En efecto, el crecimiento de la superficie ocupada en el período 1998 – 2015 fue del treinta y ocho con setenta y seis por ciento (38,76%). Sin embargo, en el mismo período el incremento de los inmuebles propios fue tan sólo del diecisiete con treinta y siete por ciento (17,37%). Ello obligó a aumentar la superficie locada que del dieciocho con treinta y seis por ciento (18,36 %) inicial, llega en 2015, al veintinueve con veintidós por ciento (29,22%), lo que representa un incremento de más de ciento veinte por ciento (120 %).

2. La superación del estado de situación descripto –en un territorio de estas dimensiones-requiere la adopción de distintas acciones. Como dije, algunas resultan propias de la Suprema Corte de Justicia en tanto cabeza de Poder y en ejercicio de las atribuciones emergentes de los arts. 161, 164 y 165 de la Constitución y 32 de la ley 5827 (en particular, la potestad reglamentaria; la incorporación de las TICs; la habilitación de nuevos órganos creados y sin funcionar; la capacitación; el control de Gestión; la potestad disciplinaria). Tales medidas -que el Tribunal ha adoptado y proyecta adoptar, en la búsqueda permanente de una mejor administración de justicia-, sin embargo, en numerosas ocasiones se ven condicionadas por las omisiones de los otros poderes del Estado (vgr. la cobertura –en este momento-de las más de ciento cincuenta [150] vacantes de magistrados; la sanción de la ley de autarquía judicial o la garantía de asignación de un mayor presupuesto, la ejecución de edificios, complejos o ciudades judiciales) u otras circunstancias ajenas al quehacer judicial (vicisitudes del mercado [inadecuación de la oferta a las necesidades de los órganos jurisdiccionales; pretensiones de precios o cánones locativos exorbitantes]; paralizaciones o 'neutralizaciones' de obras contratadas, imposibilidad de hacer inversiones en inmuebles no propios, etc.]). Ello en un contexto de permanente adaptación de la organización a la conflictividad, crónica o novedosa, que se produce en el seno de la sociedad.

3. Durante mi Presidencia, más allá de la gestión de los asuntos que cotidianamente exigen tomas de decisión, puse especial énfasis en los siguientes ejes: i) puestas en funcionamiento y transformaciones de órganos, (finalizando el proceso de transformación de los Tribunales en Juzgados de Familia); ii) gestiones tendientes a cubrir de vacantes de cargos de magistrados, que –a propósito del recambio institucional resultante de las elecciones desarrolladas durante el segundo semestre de 2015-no tuvieron el éxito esperado por razones ajenas al Poder Judicial; iii) gestiones tendientes a avanzar decididamente en la superación de las graves dificultades existentes en infraestructura edilicia, obteniendo del Poder Ejecutivo algo muy importante como fue la delegación de la ejecución de veinticinco (25) obras demoradas y el compromiso de impulsar todas las pendientes de ejecución, en tanto estuvieren asegurados los fondos para su financiamiento; iv) avances en la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones al quehacer judicial, haciendo ciertas las subastas electrónicas en el Departamento Judicial La Plata, migrando al sistema Augusta los fueros penal y de responsabilidad penal juvenil; actualizando el sistema operativo del Registro de Adoptantes; poniendo en marcha el Registro de Violencia Doméstica; v) gestiones tendientes a la aprobación del proyecto de ley de autarquía judicial –y, entretanto, una asignación presupuestaria suficiente-, que, atento la pérdida de estado parlamentario, va a impulsar nuevamente el Tribunal. Ello, a la par de dedicarme a Presidir los diversos procedimientos en trámite por ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, y la Junta Electoral de la Provincia (de ambos cometidos añado una síntesis en el final de la presente). Con motivo del centenario de la habilitación del Departamento Judicial Azul y en el marco de los actos conmemorativos, distinguí con la entrega de medallas a los agentes judiciales con treinta y cuarenta años de antigüedad y brindé una conferencia sobre 'Control de Convencionalidad'.

4. En adelante he de puntualizar detalladamente las acciones que considero más trascendentes del Tribunal a lo largo de mi gestión, tomando como ejes los siguientes tópicos: i) puestas en funcionamiento y transformaciones de órganos de la administración de justicia; ii) infraestructura edilicia; iii) nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a la gestión judicial; iv) convenios; v) acuerdos y resoluciones reglamentarias; vi) medidas de superintendencia en el ámbito de la Suprema Corte; vii) licencias concedidas a magistrados oficiosamente. Suspensión de procesos de designación; viii) jueces suplentes; ix) juicios por jurados.

Juan Carlos Hitters