Aprobada por la Suprema Corte de Justicia mediante Resolución Nº 216/24 la guía propone una serie de pautas y reglas de conductas recomendables para orientar la actuación de los operadores judiciales. Su objetivo consiste en garantizar la tutela judicial continua y efectiva de las personas mayores y mejorar su acceso sustancial, de calidad y sobre bases igualitarias a la justicia, para asegurar el reconocimiento y pleno goce del ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales.