A través de la Resolución SC Nº 495/24 la Suprema Corte de Justicia estableció que todos los órganos jurisdiccionales de la Administración de Justicia presenten semestralmente su Plan de Gestión, conforme los ejes y parámetros generales que como Anexo Único integran la mencionada disposición.
Lo dispuesto tiene por objetivo afianzar las herramientas de administración judicial existentes para la mejora continua del servicio, por lo cual se contempla:
Continuar con la posibilidad de realizar actividades de manera remota con independencia de la respuesta a la demanda laboral, pero en función de determinadas pautas generales estrictamente vinculadas al tipo de actividad que cada empleado, funcionario o magistrado debe desarrollar.
Disponer la generalización de la presentación de Planes de Gestión para la totalidad de los órganos jurisdiccionales, como herramienta tendiente a la mejora permanente del servicio. Para ello, cada órgano deberá presentar su plan, cualquiera sea la modalidad de trabajo que implemente (total o parcialmente presencial), de conformidad con los parámetros generales y procedimientos que por la presente se aprueban.
Establecer que las Secretarías de gobierno y las dependencias administrativas de la Suprema Corte de Justicia, tanto a nivel central como departamental, comuniquen la modalidad de trabajo total o parcialmente presencial que implementarán, sin perjuicio del deber de instrumentar en forma progresiva, de conformidad con la naturaleza de sus tareas y las etapas que oportunamente se dispongan- sus pertinentes planes de gestión.
Los planes deberán presentarse todos los años en los meses de junio y diciembre, con los indicadores propuestos para el semestre siguiente. En esta instancia, la presentación de la primera etapa estará habilitada desde el 13 al 31 de mayo de 2024, para el periodo junio – diciembre del año 2024.
Finalmente, para una mejor implementación del régimen, el Tribunal estableció dar participación al Colegio de Magistrados y Funcionarios provincial; como así también poner en conocimiento de lo decidido a la Procuración General.
