La Suprema Corte resolvió, por mayoría: 1º. Declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 36 del decreto ley 10.067/1983, en cuanto no prevé la intervención del Ministerio Público como titular de la acción penal previa al dictado del auto de responsabilidad y de la sentencia consecuente. 2º. Declarar –por ende- la nulidad de oficio de la resolución de fs. 108 -que dispuso el traslado al Asesor de Menores- y de todos los actos que de ella dependen. 3º. Devolver la causa a la instancia de origen debiendo el tribunal recurrido analizar prioritariamente la vigencia de la acción penal.