El Tribunal de Casación Penal (Sala IV), con voto del Dr. Carlos Ángel Natiello y adhesión del Dr. Mario Eduardo Kohan, resolvió el día 21 de mayo de 2019 en causa Nº 92.967 rechazar por improcedente el Recurso de Casación interpuesto por el defensor particular contra la sentencia dictada por el Tribunal Criminal que impuso a cada uno de los imputados las penas de tres años de prisión y diez años de inhabilitación especial para el desempeño de actividades relacionadas con la aplicación de agroquímicos y sus derivados más las costas del juicio, como coautores del delito de infracción al artículo 56, primer y segundo párrafos de la Ley 24.051 'Residuos Peligrosos'. El Tribunal interviniente había entendido que los responsables de la empresa 'S., S.A.' manipularon negligentemente un producto denominado Fosfuro de Aluminio, que derramaron en el patio del inmueble y procedieron a su limpieza arrastrándolo al sistema pluvial (y a través de éste, al cloacal), mediante el uso de agua, conociendo que dicho producto resultaba ser de extrema toxicidad para la salud humana y que se activaba en el contacto con el agua. La Sala IV del Tribunal entendió que la tipificación de la forma culposa de los delitos ambientales revela la importancia político criminal asignada por el legislador a la protección del correspondiente bien jurídico pues debe recordarse que, según un principio de largo arraigo en nuestro derecho penal, las figuras penales son construidas en torno a la forma dolosa, resultando los delitos culposos la excepción, que como tales deben estar expresamente definidos en la ley. Ello permite entrever que el legislador decidió reforzar la protección del medio ambiente, consagrando en forma expresa la punibilidad de aquellos ataques que reciba como producto de conductas imprudentes. En el caso, la persona jurídica quedó de lado pues fueron los mismos directivos quienes realizaron la conducta que desencadenó el hecho ilícito.